Rosario Robles se declara inocente por desvió de la Estafa Maestra
Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social, formalizó ante el juez de control, Ganther Alejandro Villar Ceballos, el retiro de su petición de continuar un procedimiento abreviado o el criterio de oportunidad que había solicitado y que no fue del interés de la Fiscalía General de la República (FGR).
En la audiencia intermedia que duró alrededor de seis horas, el juez aprobó el testimonio de tres testigos que presentó el Ministerio Público Federal, de cincuenta, para la etapa del juicio oral.
«Con eso inició la audiencia, de la manifestación de María del Rosario de que retira voluntariamente la solicitud de procedimiento abreviado y con ello damos la continuación al procedimiento ordinario» señaló Epigmenio Mendieta, abogado de Robles.
“Se presentó la acusación la cual contestamos. Se empezó con el ofrecimiento de las pruebas y estamos en el debate de los testigos. Ella hizo verbalmente manifestaciones en el sentido de que se declara inocente de los hechos que le imputa el Ministerio Público”, detalló.
Se declaró inocente
«Al momento de contestar la acusación se ha manifestado inocente respecto de los hechos que se le atribuyen en virtud de que la propia ley de adquisiciones y arrendamiento señala con claridad quiénes son los responsables del comité de adquisiciones», agregó.
«Es una audiencia muy larga. Nos falta mucho todavía que trabajar», indicó.
El abogado de Robles, dijo que en la audiencia se desahogarán unos 100 elementos de prueba, más de 30 por parte de la defensa y más de 60 por parte de la FGR.
Suspensión definitiva de amparo
De acuerdo con el litigante, Robles cuenta con una suspensión definitiva de amparo que impide que se dicte el auto de inicio de juicio oral, por lo que sólo se analizarán las pruebas de ambas partes.
Rosario Robles, sigue privada de la libertad en el Centro Penitenciario Femenil de Santa Martha Acatitla, desde agosto de 2019 por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público.
La FGR la responsabilizarla de ejercicio indebido del servicio público y daño al erario federal por más de 5 mil millones de pesos, razón por la cual solicita una pena de 21 años de prisión.
